Decretada en el año 2010, legalizada en el 2013, y posteriormente debatida y reforzada en el código civil en 2015, la Ley de Salud Mental en Argentina, la 26.657, marca un antes y un después en la metodología aplicada en los tratamientos físicos y psicológicos de personas con padecimientos relacionados a la salud mental, en lo que se refiere a prácticas en el pasado.
Para tener un concepto general, la salud mental es definida según la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un trastorno mental caracterizado por alteraciones clínicamente significativas de la cognición, el control emocional y el comportamiento del individuo asociado a la angustia, discapacidad funcional o características bioquímicas cerebrales.
La Ley de Salud Mental en Argentina, se crea, con la finalidad de garantizar la protección de los individuos con padecimientos mentales, cambiar los métodos usados en épocas pasadas, y establecer una adecuada legislación de carácter nacional con apoyo jurisdiccional, que define los parámetros y tratamientos a seguir sin discriminación, a cualquier persona que presente este tipo de trastorno en su salud.
¿A quiénes protege la Ley de Salud Mental?
Una de las novedades de esta Ley de Salud Mental es la definición de quienes se encuentran incluidos dentro de esta protección con carácter obligatorio, además de los beneficios y derechos que poseen las personas con enfermedades mentales, tratando de evitar así las exclusiones o discriminaciones a personas que padecen o padecían en algún momento de su vida de alguna disfunción mental.
Partiendo de que la salud mental del individuo está ligada a múltiples factores de índole social, psicológicos por actos de violencia, cambios bruscos, agobio, ansiedad, perdidas y en general por causas que la persona no posea herramientas para manejar, la Ley de Salud Mental define estos factores como determinantes para clasificar clínicamente quien debe ser objeto de protección o no de la misma.
Las personas con padecimientos mentales en general y aquellas personas con problemas de adicciones forman parte de la política integral de protección de esta Ley de Salud Mental, que por demás garantiza de carácter obligatorio sus derechos y tratamientos adecuados hasta el momento de su padecimiento y recuperación posterior, así como su seguimiento y asistencia médica que sea requerido.
Por otra parte, y no menos fundamental se determina que no se puede diagnosticar a un paciente con problemas mentales basándose en su preferencia de carácter político, creencias religiosas, raza, orientación sexual, o por antecedentes de tratamientos posteriores referentes al tema. Su ámbito de aplicación incluye a instituciones tanto públicas como privadas sin distinción alguna.
Derechos de las personas con padecimientos mentales
A recibir atención médica humanizada y sanitaria de manera gratuita, así como el tratamiento para su adecuada recuperación. Todas las instituciones se encuentran obligadas por la Ley de Salud Mental a la atención medica que el paciente requiera.
- A recibir tratamiento periódico según sea el diagnostico, sin atentar con su integridad o derecho a libertad. Solo en casos extremos si es necesario se recluye al paciente con autorización previa de sus familiares o responsables.
- Derecho a estar acompañado por sus familiares y definir por su propia cuenta en caso de que pueda, si se encuentra de acuerdo o no con el tratamiento.
- Tener acceso a su historial médico en todo momento que él o sus familiares lo requieran.
- No ser discriminado ni maltratado por sus antecedentes de hospitalización o padecimiento.
- Derecho a decidir si desea tratamiento alternativo, en caso de que se encuentre en las condiciones de hacerlo, o sus familiares. La institución por ninguna de las circunstancias puede obligar al paciente ni privarle de su libertad sin consentimiento de un apoderado legal o un familiar en caso de que sea requerido.
¿Quiénes están capacitados para definir el estado del paciente?
Según la Ley de Salud Mental los profesionales universitarios acreditados en las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y de comportamiento social que laboren en las instituciones médicas, son los encargados de abordar los temas de recolección de información, padecimiento, diagnóstico y prevención, asociados a su recuperación y reintegración social.
¿Qué establece la Ley de Salud Mental en cuanto a las internaciones?
Las internaciones son recursos que se utilizaran con fines terapéuticos y solo serán aplicables cuando se demuestre que puede llegar a ser beneficioso para la recuperación del paciente, así mismo se harán por períodos de tiempo cortos y con comunicación permanente con sus familiares.
Antes de tomar la decisión de la internación del paciente se deben cumplir ciertos requisitos con anticipación, tales como evaluaciones minuciosas por parte de los profesionales de la institución asistencial.
Jamás debe internarse a un paciente en contra de su voluntad y en caso de que sea así, las causas medicas deben ser suficientemente pesadas donde que coloquen al paciente a o terceros en situación de peligro, para realizar la internación además de ser autorizada por familiares cercanos o responsables legales.
Las internaciones deben estar además supervisadas por un juez, el estado garantiza un abogado en caso de que el paciente no posea uno, para seguimiento de su proceso acompañado de informes mensuales según sea el caso, a solicitud del juez.
Del Estado y la promoción de la salud mental
El estado mediante sus autoridades sanitarias en la capital de Argentina, así como todas las jurisdicciones a nivel nacional, deben ser los autores garantes de promover la prevención e implementación en todos los niveles socioeconómicos de educación y cultural, de la atención a la salud mental de las personas en general.
Además, poner particular atención, la reinserción social y laboral de personas con antecedentes de padecimientos mentales, atención medica domiciliaria, apoyo psicológico a familiares y promover la prevención de salud mental dentro de la comunidad.
Apoyo a La Ley de Salud Mental en Argentina
Impulsada por Ministerio de la Salud, el Inadi, la secretaria de los derechos humanos y la defensoría general de la nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Ley de Salud Mental se encuentra apoyada por:
- Organización Panamericana de la Salud.
- Red FU: red de familiares, usuarios y voluntarios para los derechos de la salud mental.
- APEF: Asociación de ayuda al paciente con Esquizofrenia y sus familiares.
- Fepra: Federación de Psicólogos de la República de Argentina.
- Apadh: Asociación de Psiquiatras y adherentes por los derechos humanos.
La Ley de Salud Mental es la primera que toma en cuenta los derechos humanos de la mano con los estándares de la salud mental, y un verdadero avance para la sustitución en Argentina de los hospitales psiquiátricos, por tratamientos de calidad para las personas con padecimientos mentales.